Dos años ya han pasado del derribo del edificio con más de 200 años de historia de plaza Vega.
Después de años de acoso, la especulación volvía a triunfar en la ciudad de Burgos, los señores del ladrillo en exquisita colaboración con el ayuntamiento de Burgos declararon el edificio en ruinas y así conseguían su objetivo.
Desde el año 1999, los vecinos de estos edificios se han visto afectados por un proceso de acoso inmobiliario iniciado por el conocido ganadero Antonio Bañuelos (amigo personal del ex Alcalde Juan carlos Aparicio y que fue ex Teniente de Alcalde) al que se sumó posteriormente Florencio Adrián (conocido entre la prensa local como el “mataviejas”).
Desde el año 2004 el Ayuntamiento de Burgos toma el testigo de los especuladores dando como resultado la expulsión de todos los vecinos y el derribo de casi toda la manzana protegida por el PGOU.
Con el pretexto de solucionar un “embudo” de tráfico, la esquina que ahora quieren demoler está afectada por un plan urbanístico, cuya principal actuación sería la construcción de un segundo carril ensanchando la calzada. Este plan conllevaría el derribo de dos edificios, entrando en conflicto con la Ley de Patrimonio Histórico, que obliga a la conservación de los cascos antiguos. El Ayuntamiento de Burgos carece de legitimidad para destruir el casco histórico, protegido por ley, y también estaría deslegitimado para intervenir en una vía que no es de su titularidad, por ser una travesía de la N-120, competencia del Ministerio de Fomento.
La prensa nacional se hacía eco de la barbaridad que estaba a punto de cometerse, más aun cuando Burgos quería ser capital europea de la cultura en 2016 y destruía su patrimonio histórico.
Javier Lacalle, por aquel entonces portavoz del equipo de gobierno del ayuntamiento realizaba unas declaraciones asegurando que era una actuación histórica, que demandaban la mayoría de los burgaleses desde hacía décadas.
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