El pasado 7 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó
mediante Decreto-Ley un crédito de 1.782 millones de euros para el pago de las
deudas correspondientes a los Programas Especiales de Armamento. Estos
programas tienen como objeto la adquisición de armas tan sofisticadas que en
muchos casos nunca llegarán a ser utilizadas y si llegan a utilizarse será para
posibilitar la participación de España en guerras como las de Irak o
Afganistán.
La concesión de este crédito confirma las denuncias que en
su día hicieron distintos colectivos sociales y centros de estudios sobre la
ocultación por parte del gobierno del dinero realmente dedicado a gastos
militares.
En los Presupuestos Generales del Estado
para 2.012 se asignaba una partida de 6.316 millones € para el Ministerio de
Defensa, lo que suponía una disminución del 11% respecto del año anterior. Dato
que por si solo ya pone de manifiesto la apuesta militarista del actual
ejecutivo ya que en plena crisis económica el recorte medio por ministerio era
del 17%. Mientras que los recortes en Defensa estaban por debajo de la media,
por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura sufría una rebaja del 21% o
la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 71%.
Sin embargo, los datos correspondientes al
Ministerio de Defensa solo reflejan una parte de los gastos militares. Si
incluimos todas las partidas que según los criterios de la OTAN deben
contabilizarse como tales y sumamos la parte correspondiente de los intereses
pagados por la deuda pública, el gasto total sería de 15.835 millones € y la
disminución con respecto a 2.011 solamente de un 7%.
Aún así, esta supuesta disminución del 7%
en los gastos militares podía no ser cierta. Solo se destinaban 4,9 millones de
euros a los Programas Especiales de Armamento mientras que el Ministerio de
Defensa tenía ya asumidos unos compromisos de pago por 1.862 millones de euros.
¿De dónde saldría ese dinero? Ya tenemos la respuesta, un Decreto Ley en mitad
del ejercicio presupuestario asignando el dinero que en su momento no se quiso
reconocer y que se sabía que había que pagar. Toda una maniobra de maquillaje
para esconder ante la ciudadanía las verdaderas cifras del gasto militar.
Operación que no es nueva, pues ya el año pasado se presupuestó un gasto
militar total de 17.017 millones de euros y realmente se gastaron 18.181
millones de euros.
Además, este crédito se financiará a
través de la deuda pública del Estado español, lo que significa un mayor
endeudamiento y una mayor dependencia de los mercados financieros y de los
planes de ajuste impuestos desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Central Europeo y la Unión Europea. Un aumento de la deuda claramente
ilegítimo, pues solamente beneficiará a las grandes empresas del sector
armamentista, para las que trabajó antes de tomar posesión de su cargo el
actual Ministro de Defensa, y tendrá que ser pagada por toda la ciudadanía a
través de los recortes, la subida del IVA y la precarización en los derechos
laborales. Una deuda que no deberíamos pagar.
Es importante efectuar presión social sobre los diputados y
las diputadas en el Congreso para que no ratifiquen el proyecto ley mediante el
cual se aprueba este crédito. Una democracia no se puede basar en la ocultación
de información a la ciudadanía. La ratificación definitiva de este crédito solo
pondrá de manifiesto que no nos representan.
En particular, hacemos una invitación a mandar cartas a los
diputados y a las diputadas en el congreso para pedirles que no ratifiquen la
concesión del crédito al Ministerio de Defensa participando en la acción que
hemos promovido en la siguiente página
fuete
CGT
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